Rechazo a la violación de la autonomía universitaria

La Pandemia por la Covid 19 ha generado transformaciones en los procesos de la sociedad lo que ha traído consigo enfrentar grandes retos ante esta nueva realidad, no obstante, observamos, que la constante de quienes están en el poder, es institucionalizar, con mayor intensidad, el camino de la represión y criminalización de la protesta social, frente a las demandas expresadas por los sectores populares, cuya materialización se evidencia en un mayor gasto en el componente de la fuerza pública, el fortalecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, y la cooptación de escenarios de la administración de justicia.

El rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, se ha elevado tanto (al parecer quiere convertir los campus en “campos de concentración del saber”), que su EGO le impide leer e interpretar la realidad, en torno a las contradicciones naturales de nuestra Universidad, institución cuya razón de ser es construir pensamiento crítico para poder transformar positivamente los paradigmas de nuestra sociedad, propósito que se fundamenta en el principio constitucional de la Autonomía Universitaria (Art. 69 C.P), este pilar de nuestro Estado Social de Derecho le otorga a la Universidad la facultad para autogobernarse y auto determinarse, y con esta independencia pueda incidir en la creación y desarrollo de los conocimientos, y de esta forma aportar en las necesidades de la sociedad, por ello, este momento histórico, demanda elaborar entre todos los actores de la Comunidad Universitaria, estrategias para evitar una mayor catástrofe en el campo de la Educación, tal como lo ha señalado la UNESCO; pero el innombrable acto que se perpetró el pasado 23 de abril de 2021 en la Universidad del Valle, con la flagrante violación de derechos humanos, pone en entredicho la capacidad del Rector Edgar Varela y la Gobernadora Clara Luz Roldan, para hacer respetar aquel pilar constitucional.

SINTRAUNICOL registra los hechos del día 23 de abril de 2021 en el campus de Meléndez para reiterar la verdad histórica de lo sucedido y exigir justicia así como garantías de no repetición. El movimiento estudiantil inició recientemente una serie de asambleas por facultades y unidades académicas, escenarios que permitieron ir construyendo una serie de exigencias, en torno a lo académico, la metodología de alternancia, garantías en materia de bienestar, entre otros tópicos, en el marco de esta nueva realidad, caracterizada por la pandemia. En este contexto, un grupo de estudiantes decide abanderar estas demandas, por medio de un campamento estudiantil en el campus de Meléndez, con el objetivo de buscar una respuesta de parte de las autoridades universitarias e interlocutar con la instalación de una mesa de dialogo, escenario en el cual también planteamos en su momento la importancia de poder participar, sin embargo, la primera reacción de parte de la administración fue la negación al dialogo y el no reconocimiento de aquel grupo como estudiantes, para buscar una solución dialogada a este conflicto. El día anterior a la maquiavélica acción, es decir el 22 de abril de 2021, se abre un espacio de dialogo, entre la administración y los estudiantes que hacían parte del campamento, lo que generó la impresión de que se iniciaría un escenario de concertación, sin embargo, consideramos, todo se trató de una estratagema, para que los estudiantes se confiaran, mientras en otro espacio se configuraba un consejo de seguridad, entre la fuerza pública, la gobernadora, el rector y quien sabe que otros actores planificando el fatídico hecho.

Así como el acto de represión que se perpetró por la dictadura militar argentina contra un grupo de estudiantes el 16 de septiembre de 1976 más conocido como “la noche de los lápices” cientos de policías fueron concentrados durante la madrugada, para irrumpir de forma represiva en el interior del campus de Meléndez, en las primeras horas de la mañana de aquel 23 de abril. Esta incursión represiva, desproporcionada y violadora del marco constitucional se hizo con el ESMAD, grupos operativos especiales de seguridad –GOES- encargados de operativos antiterroristas, perros antiexplosivos, drones, es decir, un despliegue de fuerza en la búsqueda de terroristas, tal como se pudo evidenciar en los diferentes medios de comunicación y redes sociales; los estudiantes fueron agredidos, violando todos los protocolos en este tipo de acciones, en particular muchas mujeres presentes en el campus fueron maltratadas. Fueron varias las arremetidas con un uso excesivo de la fuerza, no se respetó por parte de la policía la presencia de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Departamento de DDHH de la CUT, el comité de solidaridad con presos políticos –CSPP-, la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, la Secretaría de Paz y cultura Ciudadana de la Alcaldía, los comités de derechos humanos de Sintraunicol y Sintraunal. También contábamos con la presencia activa de la Concejala Ana Erazo, de igual forma, una diputada de la asamblea departamental, todas y todos en el papel de mediadores, sin embargo, como se pudo observar la decisión ya estaba tomada y era reprimir al estudiantado y todos los presentes en el campus.

Es importante señalar que esta violación al principio constitucional de la Autonomía Universitaria, con su correspondiente desenlace en materia de violación de DDHH, debe tener consecuencias no solo de orden político, sino también disciplinarias y penales, de tal forma que no quede en la impunidad.

Este accionar sistemático del rector refleja su posición de no respetar y desconocer al otro, pues se registran antecedentes similares a la decisión tomada el 23 de abril de 2021, la universidad ha sido en varias ocasiones cerrada o intervenida sin contar con los órganos colegiados establecidos institucionalmente para tomar ese tipo de ecisiones y que por tanto requieren el concurso de los estamentos, por ejemplo, los conflictos laborales con profesores y trabajadores parten de una permanente negación a los argumentos de las organizaciones gremiales, de tal forma que es necesario acudir a las acciones de movilización para poder negociar lo que por vías del dialogo, si existiese la disposición política, sería más expedito. En este sentido, la Asociación Sindical del Sistema de Regionalización –ASRUV- denuncia, el día 25 de abril de 2021, la desvinculación por tres (3) meses de 900 profesores hora catedra en las sedes regionales generando una situación dramática, para estos compañeros y sus familias, de desprotección en sus derechos laborales, precisamente por la actitud de la administración de imponer políticas educativas y sin acudir al dialogo con las organizaciones que representan a los trabajadores.

Sintraunicol durante la pandemia ha tenido que acudir a diversas formas de movilización en el marco de exigencias para garantizar el derecho a la vida y la Seguridad y Salud en el Trabajo –SST- con respuestas tibias de parte de la administración y que no resuelven de fondo necesidades de la clase trabajadora. Los trabajadores, empleados y contratistas también tenemos argumentos, puntos de vista y demandas para presentar en la actual coyuntura, en el marco de las reivindicaciones estudiantiles, ante lo cual hemos señalado que apoyamos la alternancia por el derecho a la educación siempre y cuando existan las garantías plenas para los asalariados Univallunos en materia del derecho a la vida y a la salud.

Finalmente, hacemos un llamado a la unidad del movimiento universitario y, en tal sentido, manifestamos nuestra solidaridad de clase y compromiso indeclinable en la defensa de la universidad pública, de calidad y con el propósito de que sea gratuita, así mismo, con la defensa y protección de los derechos humanos, y ahora más que nunca por el respeto al principio constitucional de la autonomía universitaria.

SINTRAUNICOL EN PIE DE LUCHA
POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
PILAR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD Abril 25 de 2021


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